FINJUS pide vigilancia ciudadana para cerrar la brecha entre eficiencia y acceso a la justicia
La fundación plantea retos del sistema judicial a partir de un informe del PNUD y llama a las organizaciones sociales a asumir un papel de veeduría.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) planteó una serie de retos prioritarios del sistema de justicia dominicano, a partir del informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) titulado "Transformando la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano sostenible".
Según la entidad, el documento muestra avances operativos del Poder Judicial, como el aumento de la tasa de resolución de casos en 2025 y la reducción del tiempo medio de solución. Sin embargo, advierte que la productividad administrativa no garantiza por sí sola un acceso efectivo a los servicios judiciales.
Digitalización y acceso
El informe indica que el Poder Judicial completó el 92 % de sus gestiones en línea en las áreas civil y administrativa. No obstante, el 71 % de los usuarios encuestados desconocía la existencia de esos servicios y solo el 9 % los utiliza de forma efectiva. FINJUS pide que la tecnología no elimine la atención presencial ni excluya a sectores sin conectividad o habilidades digitales.
Violencia de género y trato a usuarios
En 2024 se recibieron 104,772 denuncias de violencia intrafamiliar, de género y delitos sexuales, y se emitieron 37,822 órdenes de protección. Las tasas de condena en primera instancia varían entre un 22 % en La Vega y un 71 % en el Distrito Nacional, brechas que FINJUS califica de alarmantes.
La fundación también reclama institucionalizar el trato digno y la escucha activa, y fiscalizar la aplicación de la Guía y Protocolo de Trato Digno (2023) en todas las sedes judiciales.
Otras prioridades
Entre los retos señalados figuran impulsar la mediación, la conciliación y las salidas alternas previstas en el Código Procesal Penal, así como proteger a poblaciones vulnerables y fortalecer presupuestariamente la Defensa Pública.
FINJUS añadió la necesidad de vencer el analfabetismo jurídico, cerrar las desigualdades territoriales en el servicio de justicia y defender la independencia y sostenibilidad presupuestaria del sector.
Fuente: FINJUS. Foto: FINJUS.
Redacción de Demostracion.

















