Participación Ciudadana alerta por 22 reenvíos del juicio de fondo del caso Jean Alain Rodríguez
El movimiento cívico presentó su octavo informe sobre casos de corrupción y advierte del riesgo de extinción de la acción penal por la dilación del proceso.
Participación Ciudadana presentó el octavo informe de su Observatorio de casos de corrupción administrativa, dedicado por completo al proceso contra Jean Alain Rodríguez y compartes. El documento repasa lo ocurrido desde que el expediente fue enviado a juicio de fondo.
Según la organización, las medidas de coerción contra los imputados se dictaron el 14 de julio de 2021, por lo que en julio próximo el caso cumplirá cinco años. El juicio preliminar duró cerca de dos años y requirió 95 audiencias.
El juicio de fondo fue convocado para el 23 de septiembre de 2024. Desde entonces, indica el informe, ha sido reenviado en 22 ocasiones, y en esas audiencias solo se han discutido incidentes planteados por los imputados.
Riesgo de extinción de la acción penal
La entidad sostiene que esa práctica contradice el artículo 305 del Código Procesal Penal, que establece que el juicio no puede posponerse por el trámite o la resolución de este tipo de incidentes.
Participación Ciudadana advierte que los casos de gran corrupción en los tribunales corren el riesgo de que se extinga la acción pública al llegar al plazo máximo de duración del proceso. A su juicio, la estrategia de la mayoría de los imputados es introducir incidentes hasta alcanzar los cuatro años sin sentencia de fondo.
El informe recuerda que la Suprema Corte de Justicia ha establecido que ese plazo debe ser razonable y que, para fijar su extensión, se consideran la complejidad del caso, la actividad procesal de los imputados y la conducta de las autoridades judiciales. El Tribunal Constitucional, por su parte, ha señalado que no se vulneran el debido proceso ni el acceso a la justicia cuando la demora no es atribuible al juez o tiene justificación.
Nuevo Código Penal
La organización recordó que el nuevo Código Penal, que entrará en vigor este año, incluye por primera vez el tipo penal de corrupción, con penas de 3 a 20 años de prisión.
No obstante, considera que la principal debilidad del sistema es la dificultad de aplicar las sanciones de forma efectiva y oportuna, lo que, según su planteamiento, genera dudas sobre la aplicación de las penas más severas del nuevo texto.
Fuente: Participación Ciudadana. Foto: Participación Ciudadana.
Redacción de Demostracion.
